ANTE el drama de los desahucios caben dos posibilidades, mantener el dramático statu quo o dar un paso adelante como ha hecho el Gobierno andaluz con el decreto ley sobre la función social de la vivienda. Una norma que fomenta el alquiler para evitar la especulación y permite expropiar, tres años, el uso de la vivienda, no la titularidad, para supuestos de desahucios inminentes que afecten a personas en riesgo de exclusión social o amenaza para su salud física o psíquica. Con actuación preferente en el caso de familias con menores, mayores dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o desempleados sin derecho a prestación. ¿Es esto demagogia? La función social está reconocida, hace muchísimo tiempo, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos. Hasta la Iglesia católica hizo una encíclica, Rerum Novarum (1890), sobre propiedad y justicia social.

Es una norma jurídicamente impecable, socialmente justa y necesaria. Tiene un potente anclaje legal: la Constitución y el Estatuto de Autonomía, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que declara en contra de la normativa europea nuestro sistema de desahucios.

La reacción de la derecha ha sido de desconcierto; han dicho que es un decreto "bolivariano" o "soviético", una copia del decreto de Rajoy o incluso que éste es "más amplio". ¿En qué quedamos? ¿Qué les da miedo? ¿La expropiación del uso? ¿El fomento del alquiler para que no haya viviendas vacías? ¿Este "intervencionismo" no lo permite el artículo 47 de la Constitución?

Los desahucios se han convertido en un símbolo de la rebelión ciudadana contra una forma de gobernar que está haciendo pagar las consecuencias de la crisis a los más débiles. El decreto ley es una importante decisión política que ha servido para mostrar, en un momento de especial desesperación para parte de la ciudadanía, que se puede gobernar de otra manera, que "para los problemas de hoy ya no valen las recetas del pasado", como dice el presidente Griñán; que existen "situaciones de desigualdad, de exclusión social e incluso de pobreza" que hay que afrontar decididamente. Ha sido un primer paso que, si quieren, se puede generalizar para el conjunto de l@s españoles. El recurso permanente a la "herencia recibida" es inmoral e inútil, no vale para nada y la política tiene que dar soluciones que sirvan para resolver problemas.