Editorial

La utopía y la realidad

LA Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha ofrecido seis viviendas sociales de las que dispone para acoger a otras tantas familias desalojadas de la Corrala Utopía en una operación policial desplegada el domingo que se desarrolló sin incidentes. Ha pedido, asimismo, que el Ayuntamiento de Sevilla ofrezca a su vez otras dieciséis viviendas municipales para el resto de las familias afectadas, si bien eran solamente nueve los grupos familiares que ocupaban los pisos propiedad de Ibercaja en un barrio de la capital andaluza en el momento del desalojo, que había sido ordenado por un juez en un auto en el que apelaba a ambas instituciones para evitar el riesgo de que estos ciudadanos quedaran en la calle. El Ayuntamiento, por su parte, les ha invitado a refugiarse en un albergue municipal. La Corrala Utopía, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra los desahucios, se ha ido desinflando en los últimos meses, al producirse la retirada de algunos de sus ocupantes iniciales, unos por haber llegado a acuerdos con Ibercaja para desplazarse a viviendas que la entidad financiera puso a su disposición a cambio de alquileres asequibles y otros en desacuerdo con la dirección politizada que se había adueñado del movimiento de ocupación. En este conflicto habría que distinguir entre el problema social grave de las familias afectadas, en peligro de exclusión y próximas a la desesperación, y la operación política de grupos de izquierda y extrema izquierda que han buscado deliberadamente la agudización del conflicto y el desafío a la legalidad. Las familias no han encontrado en las instituciones la respuesta adecuada a las necesidades que presentaban con su acción, una respuesta que debió ser, y debe ser, acorde con la urgencia social de su caso. Por el contrario, se han visto orientadas hacia el enfrentamiento con la ley por parte de activistas antisistema, que las han utilizado de manera espuria para sus batallas ("Lo llaman democracia y no lo es", gritaban los manifestantes con posterioridad al desalojo, que no eran precisamente las personas que habían sido expulsadas de las viviendas que ocupaban ilegalmente). Es necesario, y de justicia, que Ayuntamiento y Junta de Andalucía encuentren una salida a la situación insoportable de estas familias, y que las instituciones san flexibles y receptivas a las demandas elementales de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. Se evitaría, así, el protagonismo de los manipuladores del movimiento okupa. El respeto a la propiedad ajena y a las decisiones de los jueces, irrenunciables, deben ser compatibles con el derecho a una vivienda digna que consagra también la Constitución de 1978.

Tags

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios