Alto y claro

josé Antonio / carrizosa

La vacuna de la juez

NO creo que quede nadie a estas alturas que cometa la ingenuidad de pensar que la instrucción que lleva a cabo desde hace tres años la juez Alaya sobre el uso fraudulento de dinero público en los expedientes de regulación de empleo es puramente profesional o neutra desde un punto de vista político. No hay que se un lince para concluir que la juez acompasa su investigación a un calendario que se adapta como guante a lo que más pueda afectar a la Junta de Andalucía o al Partido Socialista. Además, no se priva de hacer juicios de valor en sus autos y sortea con descarada habilidad la imputación de cargos públicos aforados que le obligarían a abandonar el caso en manos de una instancia superior. Así, imputa y encarcela al ex consejero de Empleo Antonio Fernández y parece no encontrar causa contra su antecesor, José Antonio Viera, o lo hace contra la ex consejera de Hacienda Magdalena Álvarez y no contra su sucesor, que es nada menos que el actual presidente de la Junta. No me equivocaba la semana pasada cuando decía en esta columna que Griñán no había tenido más oposición en el año de mandato que acaba de cumplir que la que se ha ejercido desde el juzgado de instrucción número 6. Y que uno de los factores, si no el que más, que han precipitado la espantada del presidente andaluz ha sido el cerco judicial de Alaya. Lo ocurrido esta semana lo corrobora.

Sentado esto, es necesario constatar también la evidencia de que la tenaz investigación de la magistrada sevillana ha permitido sacar a la luz el grado de podredumbre al que se había llegado en escalones altos de la administración socialista andaluza y la dejación de responsabilidad y el mirar para otro lado con los que estos comportamientos se acogían desde las máximas instancias. Si el director general era un chorizo no importaba con tal de que le fuera útil al consejero y, mientras, el presidente prefería no enterarse. Aunque sólo la mitad de lo descubierto por la juez fuese cierto - e independientemente de las responsabilidades penales que en su día se depuren- estaríamos ante un escándalo de grandes dimensiones que pone en entredicho la actuación del Gobierno andaluz.

Pase lo que pase en el futuro con este caso, cuyo final nadie alcanza a ver, sí va a tener efectos positivos: en primer lugar, es una operación de limpieza de las alcantarillas de un régimen que había acumulado demasiada basura tras tres décadas en el poder y, sobre todo, va a vacunar a los que vengan para que cosas como las que hemos sabido no se vuelvan a repetir. Sea el futuro inquilino de San Telmo Susana Díaz o Luis Planas, sea Juan Ignacio Zoido o quien designe el PP, el que llegue habrá aprendido que ciertos límites no se puede cruzar y que hay que extremar el control para que nadie los cruce. Aunque sólo sea por eso, la investigación de la juez habrá merecido la pena.

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