DOCE mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en el primer trimestre de 2013. El último caso conocido de violencia de género, ocurrido en el municipio malagueño de Campillos, ha aumentado el horror: un hombre de 32 años, con una condena por maltrato, habría matado, presuntamente, a su hija de seis como una terrible venganza contra su mujer y luego se ahorcó. El suceso ha hecho rebrotar el debate acerca de las medidas de protección para los menores afectados por el maltrado. La Ley Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil vigentes permiten a los jueces retirar a los padres maltratadores la custodia de sus hijos o los derechos de visita, pero es un hecho que rara vez se aplica esta retirada. Esa es la razón por la que algunos sectores jurídicos y organizaciones feministas abogan por una modificación legal encaminada a que se retire automáticamente a los imputados el contacto con sus hijos. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la imputación no significa culpabilidad y que incluso el maltrato puede revestir distintos grados de gravedad y, por tanto, dar lugar a condenas diferentes. Homogeneizar el tratamiento penal de todos los casos de violencia de género puede dar lugar a arbitrariedades e injusticias. Es preferible que quede en manos de los jueces la decisión sobre la custodia y las visitas de los menores implicados, y exigible que la Justicia examine cada caso teniendo como referencia prioritaria la defensa de la agredida y la protección de los hijos.