la tribuna

Luis Hurtado González

El verdadero escándalo de los ERE

NO descubro nada si digo que los Expedientes de Regulación de Empleo, los ERE, son hoy tema de la máxima actualidad, fuente incesante de información y debate. Gracias a ello se sabe con bastante exactitud qué es un ERE: un procedimiento legal para que una empresa pueda despedir, si no a todos, sí a un gran número de sus trabajadores. Se trata, por tanto, de "despidos colectivos", su verdadera denominación, aunque se hayan popularizado con el nombre del trámite para realizarlos.

Entre los motivos de esta fama, todos con carta de origen en Andalucía, destaca la presencia de "intrusos" en muchos de ellos, es decir, la inclusión en las listas de despedidos de personas que, en realidad, nunca habían trabajado en las empresas afectadas. Esto, de desarrollarse las cosas con normalidad (ni más ni menos que como la ley prevé), no daría ni para noticia: ni la empresa va a pagar indemnización alguna al "intruso", ni éste va a cobrar derecho a las prestaciones por desempleo, ya que el INEM (ahora Servicio Público de Empleo Estatal) tiene sobrados medios y datos (fechas de alta de trabajadores en la empresa, tiempo cotizado en ella) para evitarlo.

Si esto es así ¿por qué semejante anomalía ha llamado tanto la atención? Desde luego, por su reiteración, pero sobre todo por la dadivosa intromisión en estos "despidos colectivos" de la Junta de Andalucía, que viene aportando significativas cantidades de dinero público (aquí aparece el famoso "fondo de reptiles" que, en verdad, no es sino un mero dato contable: la partida presupuestaria de donde se toma el dinero), dinero público, digo, para aumentar las indemnizaciones legales de los despedidos. Indemnizaciones añadidas, pues, a las que el Estatuto de los Trabajadores prevé para estos casos, cuyo pago, además, se puede diferir en el tiempo, y en vez de abonar al trabajador la cantidad que sea (calculada según su antigüedad, inventada en el caso de los intrusos), ésta se ingresa a su nombre en una compañía de seguros privada (las llamadas "pólizas de seguro de rentas") que, a cambio, asume la obligación de abonarle, hasta una determinada fecha (normalmente, la de su jubilación), una paga mensual, conocida como "prejubilación".

Este generoso comportamiento de la Junta de Andalucía (no importa ahora si otras comunidades hacen lo mismo) tiene entonces el efecto de beneficiar directamente (aquí no hay ya control del INEM, pues el asunto queda en manos privadas) a la persona que figure en la lista de despedidos, aunque, como tantas veces parece que ha ocurrido, no hubiera trabajado nunca en la empresa afectada.

Se trata de un evidente fraude (¿quién metió el nombre en la lista? ¿cómo se dejó alguien meter? ¿cómo dio la Junta el dinero sin comprobar los nombres con los datos de la Seguridad Social?) que, como es lógico, ha causado alarma y estupor en los medios de comunicación y en la calle. Mas tales prácticas no son más que una triste anécdota. Lo verdaderamente llamativo del asunto, el verdadero motivo de asombro, es que la Junta de Andalucía "subvencione" con dinero público los despidos, y que lo haga además sólo en algunas empresas, las de su elección.

De manera que aunque el Estatuto de los Trabajadores establezca para los afectados la indemnización que ha considerado justa y suficiente (más las correspondientes prestaciones por desempleo), la Junta va y les concede otra que convierte a ese despido mediante "ERE subvencionado" en retiro pensionado bastantes años antes de la edad legal de jubilación. No entro ya en la tremenda injusticia que, desde el punto de vista del principio de igualdad, estas "subvenciones" representan (a unos trabajadores -los de algunos ERE- se les otorgan, y a otros -los despedidos de otras formas-, no), pues mucho más importan las motivaciones de la Junta para su concesión.

Y es que no lo hace para paliar las necesidades de los despedidos (de ser así, tal sensibilidad social habría sido regulada con carácter general, para todos los que en Andalucía perdieran su empleo, y no mediante concesiones selectivas y poco menos que discrecionales); tampoco para, una vez aligeradas las plantillas, posibilitar la viabilidad futura de esas empresas, la práctica totalidad de las cuales cierra al instante. Se trata con ellas, simplemente, de comprar "paz social": que, poniendo ese dinero de todos en la mesa de negociación, los colectivos de trabajadores afectados se abstengan de las típicas y comprensibles acciones de rechazo y protesta por la pérdida de su empleo, reduciendo así a las menos posibles las manifestaciones, encierros y análogas, sobre todo las que puedan realizarse ante el Palacio de San Telmo u otros emblemáticos lugares de la Andalucía imparable.

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