LA vicepresidenta Fernández de la Vega ha situado en sus justos términos el conflicto creado por el auto de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas relaciones del Gobierno de Venezuela con la organización terrorista ETA (con Colombia y su guerrilla de las FARC como vínculos).

De la Vega ha pedido a Hugo Chávez que respete al juez español "si quiere ser respetado", porque aquí no es posible "echar el ojo a su poder judicial" como recomendó el caudillo venezolano, y que colabore con él para aclarar "unos hechos muy graves". Y tan graves: la eventual cooperación de altos funcionarios del Gobierno de Caracas en un plan criminal para atentar contra el presidente de Colombia y la supuesta protección a miembros destacados de ETA allí residentes.

La vicepresidenta ha puesto algo de orden en la confusión con que el Gobierno acogió el auto de la Audiencia, que alcanzó una cota insólita cuando el presidente Zapatero declaró que se habían exigido explicaciones a Chávez y su ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, le corrigió: no se habían pedido explicaciones, sino información. La contradicción le sirvió al verborreico líder venezolano para dar rienda suelta a sus habituales fanfarronadas y fue el origen de uno de esos debates parlamentarios promovidos por su partido que acaban no disculpándose por nada, sino exigiendo indemnizaciones por la conquista española de hace cinco siglos. Eso sí que es memoria histórica. Sirve, además, para distraer a una nación que, siendo de las más ricas en petróleo, sufre las cartillas de racionamiento y los cortes de luz.

Por más que apetezca, cada vez más, poner a Hugo Chávez en su sitio y por más que esté encaminando a su país a la ruina y perdiendo en un ejercicio del poder autoritario y liberticida la legitimidad de su origen democrático, el Estado español debe medir bien sus pasos, teniendo siempre en cuenta los intereses generales de empresas y ciudadanos españoles implicados en la vida venezolana. Naturalmente, hay que pedir explicaciones y respaldar plenamente al juez de la Audiencia Nacional, como ha hecho el fiscal general, para que lleve la investigación hasta sus últimas consecuencias. Si de ello se derivan procesamientos y extradiciones demostrativas de que ha existido esa vinculación con el terrorismo etarra, está claro que las relaciones España-Venezuela habrán de ser rectificadas. Por pura dignidad nacional.

Con frecuencia hay que aceptar el trato con regímenes totalitarios y recibir y visitar a mandatarios que no se ajustan a nuestros parámetros democráticos. Ahora bien, si se da una implicación con actividades terroristas que tanto nos hacen sufrir, ya estamos hablando de algo diferente. Es sólo cuestión de tiempo.