DEFENDÍA Rajoy en la recepción del Senado la vigencia de la Constitución, y también lo hacía Rubalcaba aunque el dirigente socialista no ponía pegas a que algunos de sus artículos pudieran adaptarse a los nuevos tiempos, lo que sin duda aceptaría también el presidente de Gobierno. Pero el problema no era de renovación, sino de cuestiones más profundas: causa cierta desazón que precisamente el día que se celebra la sanción de la Constitución, el debate entre la clase política, que algunos partidos han logrado trasladar a un sector de la sociedad, se centre en la necesidad de defender la unidad de España. Y se centre también en la necesidad de replantear el marco autonómico, aunque sin echar por tierra un Estado autonómico que ha provocado serios problemas porque ha desbordado los límites de la racionalidad y la sensatez, pero que ha servido de impulso para potenciar regiones que se encontraban en situación de precariedad.

No deja de ser lamentable que varias organizaciones y partidos hayan apoyado las manifestaciones convocadas para expresar el apoyo a la Constitución; lamentable porque el hecho mismo de la convocatoria significa reconocer que la Constitución está en peligro y debe ser defendida frente a las muchas agresiones que recibe en los últimos tiempos. Artur Mas capitanea hoy el sector de quienes más la agreden, pero también Cayo Lara -que hasta ahora no ha logrado nada positivo que le permita integrarse en el grupo de los políticos que merecen cierta consideración- ha querido tener cierto protagonismo a costa de la Constitución, con un gesto que provoca rubor y vergüenza ajena: aparecer en el Senado para decir nada más entrar que no tiene nada que celebrar y darse la media vuelta indica que este hombre no tiene la talla que debe tener un líder de la izquierda.

En la Constitución hay dos títulos que necesitan revisión, pero nadie se atreve a abordarlos en estos momentos de incertidumbre. Uno, el de la sucesión en la Corona, donde habría unanimidad porque pocos españoles respaldan ya la prevalencia del varón sobre la mujer; pero a nadie le cabe duda de que abrir ahora esa cuestión, que obligaría a ser aprobada por las Cortes, disolverlas, convocar elecciones, aprobarlas por las nuevas Cortes y ratificarlo en referéndum, provocaría un debate muy inconveniente sobre el futuro de la monarquía. En cuanto a las consideraciones autonómicas, ahí están esperando los nacionalistas mostrando las uñas: si se habla de la España autonómica, exigirán aún más competencias a las autonomías y que se debatiera sobre la configuración de España como un Estado federal, a lo que últimamente se ha sumado el propio Rubalcaba.

Con esas premisas sobre la mesa, casi mejor dejar la Constitución como está. A pesar de su antigüedad.