al punto

Juan Ojeda

Los vigilantes de la tele

SI están ustedes esperando que haya más dimisiones de miembros del consejo de administración de RTVE -además de la del representante de CCOO- les aconsejo que se armen de paciencia porque no creo que las haya en los próximos días, ni tampoco en los próximos meses. Porque, a pesar del frenazo y marcha atrás -gatillazo, podríamos decir- que tuvieron que dar en su decisión de tener acceso al sistema i.News, no para controlar, ¡faltaría más!, el proceso de elaboración de los telediarios, sino para deleitarse por anticipado con el trabajo de los profesionales, no creo que estén de verdad arrepentidos. En todo caso, lo estarán de que la noticia se hiciese pública, lo que produjo tal reacción que no les quedó otro remedio que envainársela, pero sin acto de contrición.

Y pienso que no están arrepentidos, porque bastantes de ellos dieron ese traspiés pensando que no solamente era su derecho, sino su obligación, y que el ejercicio de esas nuevas atribuciones les iba a hacer ganar puntos antes quienes les habían propuesto para el cargo. Y eso siempre es importante, porque de bien nacidos es ser agradecidos. Además hay que ser considerados con su ofrecimiento porque suponía echar sobre sus espaldas una ingente cantidad de trabajo, y eso es encomiable. O sea que aunque el escándalo les haya hecho retroceder, seguro que no ha repercutido en su autoestima profesional.

Pero, mira por dónde, sus compañeros de la televisión autonómica catalana, a la chita callando, hacía tiempo que disfrutaban del privilegio del acceso a ese sistema. Y los profesionales ni se habían olido la tostada. Hasta que se enteraron y, claro está, les quitaron el pastel. Así que no estaría de más que se le diera un repasito a lo que está ocurriendo en otros sitios.

Esto, evidentemente, es bastante más que una anécdota, porque pone de relieve los errores de concepto que existen sobre la gestión y el control de los medios públicos, a los que muchas veces, casi siempre, se les examina, por parte de la llamada clase política, exclusivamente en función de criterios de interés partidista. O sea, según la interpretación de a quién favorecen o de a quién perjudican.

Esto, a pesar de lo que ha ocurrido, seguirá pasando mientras no se haga una reflexión en serio, que lleve a una revisión profunda del actual modelo de las televisiones y las radios públicas, las nacionales y las autonómicas. No se trata de eliminarlas, ni mucho menos, sino de definir un nuevo modelo, en función de una realidad social muy distinta a la que existía cuando se crearon. Siguen siendo necesarias pero tienen que ser diferentes.

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