Recorre Europa una violencia que busca pretextos para desencadenarse, ya sea un partido de fútbol que enfrente a hooligans que en muchos casos se autodefinen como de extrema izquierda o derecha, la subida de los carburantes, como ha sucedido en Francia con los chalecos amarillos que han unido a clases medias, pensionistas, agricultores y jóvenes antisistema de extrema izquierda y extrema derecha en un raro y violentísimo cóctel o la reivindicación de los taxistas madrileños y barceloneses. Es muy preocupante esta situación de olla exprés que deja escapar por su pitorro el vapor silbante de una violencia que crece en su interior hasta el punto de amenazar con una explosión.

En estos y otros casos la violencia nunca está justificada. Sin que quepa establecer diferencias entre huelguistas y hooligans. El recurso a la violencia como protesta o reivindicación de derechos y libertades solo es admisible en una dictadura, jamás en una democracia. La huelga y la manifestación son derechos regulados que pueden ejercerse con total libertad siempre que se ajusten a lo que marca la ley. Lo que excluye el recurso a la violencia o el uso de los ciudadanos como rehenes, sobre todo cuando se trata de servicios públicos. No se pueden cortar vías de comunicación o colapsar ciudades con acciones violentas que no respetan los servicios mínimos. Y mucho menos agredir o coaccionar a las personas y sus bienes o destrozar mobiliario urbano. Nada tiene esto que ver con los derechos amparados por la Constitución que "reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses", regulándolo para establecer "las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad". Al igual que reconoce el derecho de manifestación pero también su prohibición "cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes".

Por justa que sea una reivindicación o justificada que esté una protesta, si se recurre a la violencia y se ignoran los límites constitucionales que protegen tanto los derechos de los huelguistas como los de los ciudadanos, agrediendo y causando daños, se pierde la razón. Está pasando con el conflicto de intereses que enfrenta a los taxistas con Uber y Cabify. Proyectando una pésima imagen de un colectivo por el que siento el mayor respeto dado lo necesario de sus servicios y lo duro de su trabajo.