Una vez superada la etapa infantil del discurso anticonstitucional, el podemismo ha moderado su perorata para reivindicar la Carta Magna como texto válido pero incumplido. Más allá de si este giro ideológico es sincero o, simplemente, una muestra más de tacticismo político, hay que reconocer que a este argumento de la Constitución traicionada no le faltan elementos de razón. La Constitución no es sólo Corona, libertades y unidad nacional, sino también una serie de derechos sociales que están en su ADN y a los que no siempre se les muestra la atención adecuada. Entre ellos destaca el derecho a una vivienda digna que se consagra en el artículo 47: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Etc…".

No hay que ser un peligroso radical para concluir que, en lo que se refiere a este artículo, la Constitución no se está cumpliendo ni en España ni en Sevilla. En especial entre la gente más joven (menores de 30 años). Según los datos del Observatorio de la Emancipación, un joven español debe dedicar el 96% de su sueldo al alquiler si quiere vivir solo. En Sevilla, según nos contaba en estas páginas Manuel Ruesga, el precio del alquiler para todas las edades ha aumentado en los últimos años un 21%, algo en lo que ha influido muy especialmente la irrupción de los pisos turísticos (la cara negra y oculta del maná). Esto trae consigo algunas consecuencias no siempre deseables, como el impulsar a la gente más joven a adquirir una vivienda (si es que pueden), con lo que dirigen toda su capacidad de ahorro y endeudamiento al ladrillo (y no al emprendimiento o al saber, por ejemplo). ¿Es éste el modelo de desarrollo que, en miles de artículos y discursos, nos prometieron políticos y empresarios durante los momentos más duros de la era posburbuja? Eso parece.

La vivienda digna (el adjetivo es importante) es un derecho constitucional. No se trata de regalar nada ni de favorecer al parásito social, sino de crear las condiciones necesarias para que el mercado de la vivienda sea asequible al españolito real. En este sentido, ya se están llevando experiencias interesantes en Berlín o California. Allí, por ejemplo, podrían viajar nuestros munícipes y, de paso, hacer algo de turismo social.