LA presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha aprovechado su primer viaje oficial a Bruselas para plantear a las autoridades comunitarias sus reivindicaciones sobre el reparto de los fondos de la Política Agraria Común y los del plan de ayuda contra el desempleo juvenil. Ahora bien, se trata de un conflicto de carácter interno de España, a resolver entre las comunidades autónomas y el Gobierno de la nación, cuyos criterios de distribución en ambos casos perjudican a Andalucía, según Díaz. El planteamiento de la presidenta viene, en realidad, a reavivar y propagar hasta en la UE la política de confrontación Junta-Gobierno que ha sido recuperada por ambos ejecutivos, controlados por partidos antagónicos, como en los peores tiempos de Chaves y Aznar. Sólo en los últimos meses, aparte de los dos conflictos citados, el Gobierno central ha recurrido en los tribunales las subastas de medicamentos impulsadas por la Junta buscando el ahorro y el decreto y la ley andaluces sobre la función social de la vivienda, mientras que la Junta ha intensificado en paralelo su oposición a medidas e iniciativas del Gobierno como la venta de la finca La Almoraima, la ampliación del almacén de residuos nucleares de El Cabril o la ley de educación -en la práctica el Gobierno andaluz se ha declarado insumiso-. Una veintena de recursos entre ambas partes están pendientes en el Tribunal Constitucional. Son sólo unos ejemplos de un comportamiento que nos devuelve a la crispación de otros tiempos, cuando el sectarismo de los dos partidos mayoritarios les condujo a una utilización partidista de las instituciones. Ni que decir tiene que la confrontación no ayuda en nada a resolver los problemas de los ciudadanos, que si algo necesitan, dada su gravedad, es de la máxima lealtad y espíritu de cooperación entre las instituciones. En este caso los perjudicados van a ser nuevamente los andaluces. Todos los recursos y energías que Junta y Gobierno empleen en la confrontación serán detraídos de tareas más importantes.