EL control del déficit público, convertido en objetivo prioritario de la política económica española y urgido por los mercados financieros y las autoridades europeas, será inviable si a la contención del Gobierno central no se unen las otras instituciones básicas del Estado territorializado (comunidades autónomas y ayuntamientos). Al día siguiente de aprobarse en el Senado la reforma constitucional que consagra el equilibrio presupuestario más estricto a partir de 2020 se ha producido una noticia que va en la dirección opuesta: el déficit de las comunidades autónomas durante el primer semestre del año alcanzó el 1,20% del Producto Interior Bruto del país, sólo una décima por debajo del tope fijado para todo el ejercicio (1,30%). El desajuste presupuestario ha venido inducido por un leve aumento del gasto y, sobre todo, por un descenso del 3,59% en los ingresos de las comunidades, originado básicamente por la caída de la actividad económica. Sólo el País Vasco tuvo superávit en los seis meses contemplados, en tanto que otros tres territorios (Aragón, La Rioja y Canarias) se aproximaron al objetivo de déficit que se había previsto. No obstante, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, aseguró que "no son malas cifras", matizando que hay que tener en cuenta la elevada inflación sufrida durante dicho periodo y pronosticando que al final de 2011 se habrá logrado el objetivo. Con todo, está claro que para lograr la finalidad perseguida será imprescindible que las comunidades autónomas prosigan con su política de ajuste y recorte del gasto público, lo que permite augurar la adopción de nuevas medidas restrictivas, con el consiguiente aumento del malestar social, que ya se traduce en movilizaciones en algunos de los sectores afectados. Continúa planeando, pues, la duda sobre si la austeridad en el funcionamiento de las administraciones territoriales será suficiente para garantizar el control del déficit o terminará deteriorando las prestaciones sociales esenciales.