EL Gobierno tiene tal dificultad en aflorar los 25.000 millones de dinero negro que pretendía con sus premios fiscales a los defraudadores, que casi está dispuesto a no cobrar impuestos por ellos. Malo. Rajoy tiene una mayoría muy amplia en el Congreso. Absoluta. Pero eso no le garantiza una infinita sabiduría: sus decisiones no son infalibles. Y se está demostrando que no es buena la idea de gastar tanta zanahoria con delincuentes de la peor ralea.

De la peor ralea: por muy buena que sea su casta, por muy almidonados que lleven los cuellos blancos, por excelente que sea la reputación de su linaje, los defraudadores fiscales son lo peor. Tienen fortunas en Suiza, las islas del Canal, Luxemburgo, Liechtenstein o en los dobles fondos de las tarimas de sus mansiones, pero no quieren compartir ni un euro. Y sus abogados o consiglieri le han comunicado a Hacienda que no están dispuestos a pagar el 10% de lo defraudado. Es un regalo, con el compromiso de no mirar de dónde viene. Pero lo consideran muy caro, los tíos.

Estos expertos sugieren que sus clientes paguen sólo el 10% de lo que hayan rentado esos capitales durante tres años. Con lo que abonando menos del 1% habrían legalizado el patrimonio irregular. Es una propuesta que coloca al Estado en el límite de tener que pagar a los defraudadores para afloren el dinero oculto. Que es mucho. Todos los estudios serios coinciden en que anualmente escapan al control del Fisco más de 200.000 millones de euros, una quinta parte del producto bruto nacional.

El Gobierno debe utilizar la fuerza de su mayoría absoluta. Habla mucho de sacrificios, ajustes y reformas para conseguir la viabilidad del país. Pues lo primero que hay que arreglar son los ingresos. Hay defraudadores de diferente pelaje. Pero mayormente no son los fontaneros a los que tanto alude el ministro Montoro. La semana pasada en Carmona, en un curso de la Universidad Pablo Olavide sobre responsabilidad social, el ex ministro Ramón Jáuregui dijo que las 35 empresas del Íbex tienen "espacios fiscales opacos" que les permiten tributar entre el 9% y el 11%, dos tercios por debajo del tipo nominal.

Hasta que haya una unión fiscal en Europa, no sólo para normas legales sino también para su cumplimiento, aquí pagarán sobre todo las clases medias. Cuando no le salen las cuentas a las autoridades, acuden a los que ya pagan para apretarles un poco más. Grandes fortunas, grandes empresas, profesiones liberales seguirán eludiendo cumplir con Hacienda hasta que cambiemos la zanahoria por el palo. La reforma propuesta por el Gobierno es muy tímida. Habría que aumentar sensiblemente de las penas de cárcel y las multas, y al mismo tiempo eliminar la prescripción de estos delitos. A ver si así abogados y consiglieri entran en razón.