Isabel Celaá, ministra de (mala) Educación ha lanzado un ataque sin antecedentes contra cualquier prototipo educativo que no sea el público y ha sacado su ley sectaria de espaldas a la comunidad educativa y los padres aprovechando el caos de la pandemia. Su objetivo es acabar con la libertad de elección de los padres y derivar a todos los niños a la educación pública para adoctrinarlos.

El Gobierno de Pedro Sánchez, obviamente, apoya esta reforma para acabar con la educación concertada, especial y diferenciada. Esta nueva ley de Educación socialista persigue un solo objetivo: hacernos dependientes del papá Estado y poder tener el control absoluto de la conciencia de los niños desde su más tierna infancia.

El Gobierno socialcomunista pasa su rodillo contra los ciudadanos de manera dictatorial. No ha querido escuchar a nadie, ni negociar con nadie. Según la ministra de (mala) Educación, la libertad educativa es un bien constitucional. Para mí que esa ley es una ley de Educación totalitaria. ¿Acaso no ha sido una moneda de cambio para poder pactar y aprobar los Presupuestos? Y como la ministra no se agota de hacer manías políticas, ha avalado la salida de las aulas del castellano, pese a ser un fraude constitucional.