El real decreto dictado por el Gobierno por la pandemia del coronavirus no ha contemplado el cierre de nuestras clínicas dentales, ya que son lógicamente centros sanitarios y éstos no aparecen en el Anexo I. Nuestros representantes de la profesión recomiendan cerrar, atendiendo únicamente a las urgencias reales, con lo cual conseguiremos disminuir la propagación del virus al evitar el desplazamiento innecesario de personas.

Nuestro gremio no es de los más damnificados con esta crisis, aunque sí tenemos una responsabilidad específica para evitar la propagación del virus, y no ha quedado claro por parte del Gobierno el modo en el que debemos actuar responsablemente con nuestros pacientes, nuestros trabajadores y nuestros socios. Veremos caer nuestros ingresos hasta prácticamente cero, y estaremos obligados a realizar ERTE, previendo una recuperación lenta y progresiva de nuestras empresas. Así, es responsabilidad de cada clínica dental atender las urgencias de sus pacientes, y no realizar tratamientos diferentes de los que recomienda el Consejo General.

Pero falta la sanción, ya que los empresarios propietarios, sean o no dentistas, a los que les duela más la ruina que la propagación del virus podrían continuar su actividad considerando urgencias algunos tratamientos que no lo son, poniendo así en peligro la salud de sus trabajadores, sus pacientes, y al resto de la población. Yo propondría dos líneas de actuación: sancionar y facilitar.

Sancionar mediante la determinación como infracción muy grave, recogida en la Ley de Salud Pública del real decreto, aquellas conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población, como sería la realización de tratamientos considerados no urgentes sobre los pacientes. Propuesta para facilitar: seleccionar en cada ciudad un número adecuado de clínicas que realicen las urgencias odontológicas de toda la población, únicamente esas urgencias reales, y dotar a esos centros de los medios de protección adecuados para que puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles.

Esta cobertura básica contribuiría a evitar la saturación de las Urgencias hospitalarias por causa odontológica, y además permitiría cerrar el resto de las clínicas hasta que la situación esté controlada. El Gobierno autonómico dispone de información sobre una serie de clínicas concertadas con la Junta de Andalucía, actualmente para la prestación de una serie de servicios cofinanciados entre profesionales y Administración, que podrían colaborar con este fin. Entre todos lo superaremos, pero son necesarias acciones más contundentes que, dentro de la legalidad, permitan alcanzar los fines establecidos. No todos tenemos el mismo grado de responsabilidad.