La responsabilidad en la dirección y gestión política corresponde al Ejecutivo, hoy presidido por Pedro Sánchez. A esta dimensión institucional de la política se añade otra, tan importante como ella: se trata de la política entendida en términos de convivencia civil.

En democracia, el Gobierno debe ser fiscalizado y controlado por el Parlamento, y sometido al escrutinio y la crítica ciudadana a través de las instituciones sociales como los medios de comunicación. Los ciudadanos tienen también el derecho a expresar su malestar y su protesta por la gestión política en la calle, ateniéndose en este caso a las normas de seguridad sanitaria establecidas legítimamente en el contexto de la pandemia.

La libertad de expresión y de manifestación son derechos fundamentales, pero como todo derecho debe ser ejercido con responsabilidad y teniendo en cuenta todos los bienes en juego. Ni el insulto ni la deslegitimación del discrepante deberían tener espacio en nuestras calles.