Este Gobierno, con la aprobación de la ley Celaá, que se caracteriza por atacar a las familias, impide que los padres tengan la libertad de llevar a sus hijos a los colegios concertados para que reciban el tipo de educación que les parece mejor para la formación de dichos hijos (derecho constitucional). Pretenden erradicar en 10 años los centros especiales para los niños que tanto bien están consiguiendo, han aprobado también la derogación de la obligatoriedad de usar el castellano como lengua vehicular –cargarse el castellano– y diseñan progresivamente la desaparición de la Religión e imponer la ley del mínimo esfuerzo en la educación. Es decir, se cargan educar en valores.