En el BOJA del pasado 6 de octubre se publicó el nuevo pacto entre los sindicatos y la D.G. de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía “por el que se aprueba el desarrollo del protocolo de medidas organizativas para la aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19”.

Así tenemos que, por la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior –cuyo titular es Elías Bendodo, del Partido Popular–, se firma un pacto que, aparte de facilitar a todo el personal sin distinción alguna realizar sus funciones, expresamente indicadas en el pacto, de forma no presencial o teletrabajo hasta un 20% de su jornada semanal, también establece la posibilidad de autorizar hasta un 100% de esa misma jornada semanal al personal especialmente vulnerable, esto es, embarazadas, enfermos cardiovasculares, diabéticos, enfermos pulmonares crónicos, inmunodeficientes, con cáncer en fase de tratamiento, y mayores de 60 años.

Pues bien, con la que está cayendo a estas alturas de segunda ola, y tras casi un mes para resolver, en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación –de Ciudadanos–, sus altos cargos y jefes, muchos de los cuales también lo fueron con el Partido Socialista, no han autorizado ni una de las solicitudes planteadas por los funcionarios incluidos en los llamados grupos de riesgo definidos por el Ministerio de Sanidad como de especial vulnerabilidad para Covid-19.

En todos los casos de personal de riesgo existe un informe médico solicitado en su día por el servicio de personal al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, en el que se nos reconocía por un lado que, efectivamente, somos respecto a la vulnerabilidad “personas especialmente sensibles” y también se catalogaba en dicho informe que el puesto desempeñado es de nivel 1 de riesgo de contagio.

Sin embargo, es paradójico que las resoluciones denegatorias se centren en este último aspecto, referido a distancia, ubicación y otras medidas preventivas, normales en una oficina y que hasta ahora se han cumplido por pura autoprotección más que por iniciativa de la Consejería.

Quizá sea que en esta Consejería, de nombre progresista, se mantiene por sus directivos que el fin último del trabajo administrativo es la presencialidad, concepto anticuado ya a estas alturas del siglo XXI, con el que además se puede ocultar su deficitaria organización administrativa.

A lo mejor, también, la respuesta sea que, quizás por intereses políticos, Ciudadanos hace caso omiso de un pacto firmado por otra Consejería, del PP, para que no se apunte éste el tanto a favor ante los funcionarios.