La irrupción del virus Covid-19 está amenazando la vida y la salud de los españoles, pero también sus trabajos. Entre las severas medidas para evitar el contagio ha estado evitar encuentros multitudinarios y el confinamiento en las respectivas casas. Me siento indignado por que el Gobierno de España no haya sabido conducir adecuadamente esta situación hasta el punto de que a muchos trabajadores se les ha cursado la baja y a innumerables empresarios se les ha obligado a cerrar sus establecimientos.

Este paréntesis indefinido resulta doloroso. Pasan los días y hay ciudadanos que ni reciben respuesta alguna de sus empresas ni tampoco perciben ingresos desde el mes de marzo. Precisamente, hay empresas que han prescindido de servicios que sí se podrían continuar por vía telemática. Además, el criterio gubernamental discrimina a sectores y profesionales porque sólo se permite abrir a plazas de abastos, supermercados, panaderías, farmacias, bancos, estancos y tiendas telefónicas e informáticas.

Se han excluido profesiones y comercios que podrían haber abierto con las medidas estrictas de salud, higiene y seguridad. Confío en que la unidad ciudadana sea sólida y perseverante. No debemos dar un paso atrás en esta lucha colectiva donde la conciencia y la responsabilidad son determinantes para superar la pandemia que azota a España. 

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