Lo que ha pasado en Cataluña es un asunto muy grave e intentar suavizarlo puede traer graves consecuencias a nuestra democracia. Ya han salido a la palestra diferentes dirigentes políticos preparando el terreno con manifestaciones como las siguientes: El ministro de Justicia cree que “las figuras penales de la sedición y la rebelión son propias del siglo XIX”; Zapatero cree que una rebaja de las penas a los presos del procés ayudaría a desinflamar; Carmen Calvo, que “los tipos penales españoles no están a la altura de Europa” e incluso Jaume Asens, el portavoz de los comunes, partido coaligado en el Gobierno actual, dice que “lo importante es la modificación del Código Penal para conseguir que los dirigentes independentistas, que están en la prisión, puedan recuperar la libertad”.

Quizás los tipos penales actuales no recojan con fidelidad lo sucedido, que es muy complejo, pero sí podemos resumirlo en que una parte de la Administración del Estado, la de una comunidad, con todos los medios que la sociedad pone a su disposición, se ha declarado en rebeldía, pisoteando los derechos de una gran parte de la población, incumpliendo las leyes, desobedeciendo a los tribunales, enfrentando a la sociedad, lanzando a la población contra las fuerzas de seguridad del Estado y proclamando la independencia. Eso sin contar la ingente cantidad de dinero invertida durante años en adoctrinar desde la escuela, la universidad, los medios de comunicación y en su acción exterior. Algunos están equivocados con el concepto de democracia y creen que por tener los votos necesarios tienen derecho a hacer lo relatado y no respetar las leyes. Lo cierto es que en la UE no existe ninguna definición común de la sedición ni de ningún otro delito. No hay un catálogo de delitos comunes en la Unión.

Cada uno de los 28 estados miembros tiene su propia historia y tradición jurídica, lo que ha desembocado en una gran diversidad de tipificaciones. Por supuesto que es necesaria una reforma del Código Penal. Conviene dejar claro y sin ambigüedades que el concepto de violencia no debe implicar necesariamente el uso de armas, pues impedir el acceso a un edificio a una comitiva judicial e incitar a la gente para que impidan a las Fuerzas de Seguridad del Estado cumplir un mandato judicial ya en sí mismo es un acto de violencia. España es uno de los países más descentralizados y que permite partidos nacionalistas y separatistas.

En contrapartida, debemos legislar para proteger con contundencia nuestra democracia contra quienes retuercen, vulneran y quiebran el Estado de Derecho, así como contra los que menosprecian constantemente el marco jurídico y constitucional y buscan en sus rendijas el asidero para sus argumentos y hechos, evitando así rendir cuentas de sus actos. No les ofrezcamos esas rendijas.