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La opinión pública española anda alborotada con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, y es que no hay día que no amanezcamos con algún nuevo escándalo democrático. Una de las hazañas de nuestro presidente, hace unas semanas, ha sido nombrar a la ex ministra de Justicia, la señora Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, algo que se ha interpretado como un nuevo ataque a la independencia del Poder Judicial. Nuevo ataque porque si en algo ha destacado nuestro presidente es en la presión de los fiscales y de los jueces, en especial aquellos involucrados en la sentencia del golpe al Estado perpetrado en Cataluña, con la intención de suavizar las condenas.

Asimismo, tenemos que aguantar con impotencia cómo todo un presidente del Gobierno ningunea a otra institución de nuestra democracia como es la Junta Electoral Central, tomando como interlocutor al destituido como diputado Quim Torra, presidente de la Generalitat. Lo que se espera de alguien que dirige un país es que luche contra los que incumplen las leyes, no que mire a otro lado y trabaje con ellos.

Ante un Poder Ejecutivo en manos de radicales y un Poder Legislativo controlado por ellos mismos, el Poder Judicial se había configurado como el último dique de contención en defensa de nuestro Estado de Derecho, pero, visto lo visto, las dudas sobre esta resistencia para la presente legislatura son más que razonables. Corresponderá, por lo tanto, al cuarto poder la defensa última de nuestra democracia.

Será la prensa, en especial la escrita, la que deberá continuar con la labor de control del Gobierno y sus socios en la denuncia pública y la información veraz e independiente al ciudadano de cualquier intento de abuso y ataque a la estructura constitucional que tanto costó construir. 

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