Andan revueltas las redes a propósito de eso que llaman pin parental. Todos parecen tener claro tanto si hay que ponerlo como si hay que dejar de implantarlo. España se llena de expertos en Derecho Constitucional, aunque jamás hayan recibido formación alguna al respecto. Tengo la suerte de haber recibido en su día formación jurídica, tanto en la licenciatura de Derecho como con el posterior ejercicio de la abogacía, y nadie que sepa algo de este asunto ignora que el gran artículo al que agarrarse es el 27 de la Constitución. Ese artículo tan deliberadamente ambiguo como exigieron las circunstancias históricas en que fue redactada la Constitución.

El tema es espinoso. Más, si uno –deliberadamente o por ignorancia– olvida que en el sistema de fuentes de nuestro derecho el orden jurídico superior no lo ocupa la Constitución, sino la legislación de la UE y los tratados internacionales firmados por España. Es un detalle esencial que se hurta en el debate actual.

En síntesis, el lío está en el contenido del 27. En primer lugar, queda claro que se trata de un “derecho fundamental”, es decir, que el Estado es garante en último término de que no le sea hurtado al sujeto de ese derecho. En segundo lugar, en su ordinal segundo, se establece: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Prima, con ello el interés y derecho del educando en caso de colisión con los deseos y “derechos” de sus progenitores; y todo ello, en el marco del respeto a “los principios democráticos...”.

En definitiva, el derecho del educando no puede ser menoscabado por una pretendida “propiedad” de los padres respecto de sus hijos. Se hurta también, de forma más que interesada, que ese artículo ya viene preservando el “derecho” de los padres a optar por un centro concertado con la Iglesia Católica (provisto de un “ideario de centro”), a fin de que se reciba en su caso una formación religiosa... sin menoscabo, eso sí, de un currículo general de obligado cumplimiento y visado por la Inspección Educativa, que atiende a la necesaria unificación de currículos para todos.

¿Qué creo yo que, en realidad está pasando? Pues que, con las fuerzas de sus votos, un partido anticonstitucional como es Vox está forzando la mano de otros dos haciendo que impulsen e impongan algo tan manifiestamente contrario a eso de lo que habla el artículo 27: “El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los y libertades fundamentales”. Quieren que los hijos sean una proyección de ellos. Que crezcan siguiendo las pautas que ellos, sus dueños, les marquen. Que vean la vida por el agujero que ellos les abran.