La situación de sequía prolongada que padece Andalucía, a la que no se le ve final avanzado ya el mes de septiembre, ha puesto de relieve el enorme déficit de infraestructuras hidráulicas con el que la región se enfrenta a una situación que afecta a sus principales motores de riqueza. Según el informe que publicaba este periódico el pasado domingo, 36 actuaciones que servirían para paliar los efectos de la falta de lluvia están en lista de espera o retrasadas. No son pocas en una región que, desgraciadamente para nosotros, es junto con Extremadura y Castilla-La Mancha el paradigma de la España seca. En este terreno no cabe que la Administración central y la autonómica se tiren los datos a la cabeza. Tanto la Junta como el Gobierno de la nación comparten responsabilidades y a ambas hay que pedirles que tomen conciencia ante una realidad que el cambio climático tiende a hacer cada vez más frecuente y más profunda. El Parlamento de Andalucía discute en su Pleno de esta semana iniciativas del PP y del PSOE con medidas para combatir la sequía. Pocos temas habrá en estos momentos más trascendentes que éste para inaugurar el clima de diálogo y colaboración institucional que el presidente Juanma Moreno quiere que marque esta legislatura. La sequía es un problema cuyas consecuencias afectan a todos los ámbitos de la vida humana. En Andalucía, de entrada, incide sobre las actividades en las que basa su estructura económica y que es la base de su empleo y de su renta: la agricultura y el turismo. Ambos sectores son consumidores intensivos de agua y sin ese elemento no se concibe su desarrollo. Además, la sequía y la falta de obras de regulación en su entorno está afectando a activos tan importantes de la imagen de la región como el Parque nacional de Doñana. Ha llegado el momento de darle la prioridad que merece a que Andalucía se ponga al día en sus infraestructuras hidráulicas. No aprovechar toda el agua que tenemos es un lujo que no podemos permitirnos.