Tras la sentencia del procés, en la que se condena a penas de cárcel a los líderes independentistas por sedición y malversación, estamos asistiendo en Cataluña a una peligrosa normalización de la violencia callejera y nocturna provocada por jóvenes activistas, lo que está transmitiendo una distorsionada imagen de Barcelona como ciudad poco segura y en conflicto permanente. En ese sentido, no están ayudando precisamente las autoridades autonómicas -empezando por el presidente de la Generalitat, Quim Torra-, que hacen lo posible por desacreditar la labor de su propia Policía, los Mossos d'Esquadra, y animan descaradamente a los radicales a continuar con los altercados. A estas alturas no hay duda de que Torra, uno de los políticos más mediocres que ha dado la Cataluña democrática, ha olvidado por completo su condición de presidente de todos los catalanes y se está comportando como un mero activista, y no precisamente de los más comedidos. En este sentido, resultan muy preocupantes las declaraciones realizadas ayer por la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, quien consideró que estos actos violentos "hacen visible el conflicto" catalán en el mundo. Es decir, les dio una utilidad política y, por lo tanto, animó a los vándalos a continuar en la tarea, al mismo tiempo que culpó a la "violencia de Estado" de lo que está ocurriendo en las calles de Barcelona. El movimiento independentista catalán, siempre muy pendiente de lo que se piensa en el exterior sobre su causa, pretende que la opinión pública internacional haga un paralelismo entre los sucesos de Hong Kong y los de Cataluña, que es una manera de igualar a una dictadura comunista como la China con una democracia de alta calidad como la española. La causa catalanista, hoy por hoy, no se concibe sin el menosprecio de la España constitucional, el régimen que ha dotado a Cataluña las mayores cuotas de prosperidad de toda su historia.

Paluzie lo dejó claro ayer en una entrevista a TV3 (la sectaria televisión pública catalana): "Se trata de debilitar los pilares de poder del Estado en Cataluña y fortalecer los nuestros y crear alternativas". No hay duda de que desde el soberanismo se sigue en la tarea de intentar destruir cualquier presencia estatal y que no se desdeña la violencia como metodología adecuada. Ante esto, un Estado serio y democrático como el español sólo puede responder con la acción serena pero inflexible de los cuerpos policiales y, por supuesto, con la puesta a disposición judicial de todos aquellos que violen la ley.