Tras la convulsa jornada del domingo, los acontecimientos en Cataluña se han disparado y no precisamente para bien. Aunque todo el mundo sabe que la votación fue una auténtica pantomima sin la más mínima garantía, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se empeña en redoblar su pulso al Estado de Derecho al afirmar que de las urnas ha salido el mandato de romper definitivamente con España. La famosa DUI (declaración unilateral de independencia) puede ser inminente y algunos especulan con su posible materialización el 6 de octubre, día en el que se proclamó el efímero y delirante Estado Catalán en 1934, uno de los hitos más conmemorados en la mitología nacionalista catalana. Mientras tanto, hoy asistiremos a una especie de huelga general revolucionaria en Cataluña con la que los independentistas pretenden dar una vuelta de tuerca más y escenificar ante el resto del mundo sus "ansias de libertad". Si la convocatoria triunfa el Gobierno tendrá sobre la mesa un nuevo problema, y no menor.

Frente a este ritmo endiablado que ha tomado el procés sorprende un tanto la lenta reacción del Gobierno, la oposición y las instituciones del Estado. El presidente Rajoy se reunió ayer -una vez más- con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pero no parece que dichos encuentros hayan, por ahora, servido para mucho. Por su parte, Sánchez dio ayer un paso más en su distanciamiento de la política del PP en Cataluña. Criticó la acción de la Policía y la Guardia Civil durante la difícil jornada del domingo y pidió explicaciones y responsabilidades. Asimismo, instó al presidente a que tenga en cuenta a formaciones como Podemos en la solución del problema y exigió diálogo con Puigdemont, aunque no especificó en qué sentido. De vaguedades de ese tipo está sobrada la política española, especialmente en el asunto catalán. Albert Rivera, sin embargo, fue más concreto y pidió a Rajoy aplicar ya el artículo 155 de la Constitución para, inmediatamente, convocar unas elecciones autonómicas que despejen -si es posible- el endiablado paisaje catalán. Esta idea se puede compartir o no, pero al menos es una propuesta lógica y aplicable. Lo de Pedro Sánchez sólo es humo y también debería darse prisa en ir concretando medidas e ideas.

Especial mención merece la lentitud del Congreso de los Diputados, que no dedicará una sesión monográfica al problema hasta, al menos, el 10 de octubre, algo sencillamente inaudito y que demuestra hasta qué punto pueden estar desfasados los reglamentos y plazos parlamentarios en la época de la comunicación instantánea.