Cataluña ha polarizado la precampaña electoral y tampoco queda duda alguna de que también será determinante en el trayecto político que resta hasta que los ciudadanos se pronuncien en las urnas el 10 de noviembre. De ahí que el Gobierno en funciones de Sánchez se reservara para su penúltimo Consejo de Ministros un golpe de efecto: un real decreto ley que persigue anular el intento de constituir la denominada República digital catalana, un nuevo Estado con territorio virtual. Aunque las explicaciones facilitadas hasta ahora por el Ejecutivo para aprobar por vía urgente esta normativa, que entrará en vigor el próximo martes, resultan imprecisas, sólo por la reacción de la Generalitat se puede deducir el acierto de una propuesta que ha sorprendido a Torra y a su equipo. El consejero catalán de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, directamente ha considerado que se trata de un "golpe de Estado". El dirigente independentista entiende que Sánchez ha aplicado un 155, pero digital, y que estamos ante una injerencia en las competencias de la comunidad autónoma. El presidente en funciones, lógicamente, no ha activado el artículo de la Constitución que le permitiría intervenir la autonomía catalana, pero sí ha reconocido que ha utilizado un apartado de la Ley de Seguridad Nacional. El decreto de Sánchez prohíbe que cualquier Administración pública pueda operar desde España con servidores radicados fuera de la Unión Europea, como considera que está haciendo la Generalitat de Cataluña en algunos paraísos libres de cualquier control sobre la red. Como fondo, la iniciativa aprobada el pasado mes de septiembre con el programa llamado IdentiCAT, oficialmente un nuevo modelo de identidad digital que gestiona el propio ciudadano y que podrá controlar la privacidad de sus datos. Pero aunque oficialmente se niegue, se asemeja mucho a un DNI catalán. Con la amenaza del presidente Quim Torra de que volverán a la carga con un nuevo referéndum de autodeterminación durante la presente legislatura, y con los avances que permiten las nuevas tecnologías, no es difícil anticipar que el sistema que se pretendía implantar durante el próximo año permitiría en el futuro canalizar la participación ciudadana desde el propio móvil o el ordenador, por ejemplo, si se decidiera convocar una consulta desde unos servidores libres de cualquier indeseada interferencia. El desafío independentista también se traslada a la red, pero en esta ocasión la respuesta ha sido rápida.