Después del enésimo guirigay entre los dos socios del Gobierno, con desmentido de uno del pacto fiscal anunciado por el otro, la ministra de Hacienda, finalmente, concretó el paquete impositivo consensuado que se aplicará si salen adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Si se cumplen las previsiones, la Administración central ingresará en los dos próximos años 3.144 millones de euros más. Un punto más que pagarán las rentas de capital a partir de 200.000 euros, se limita al 50% la compensación de pérdidas de las filiales para las empresas con facturación superior a 200 millones y el impuesto estrella: el de "solidaridad", que abonarán "las grandes fortunas" y que en cuantía será similar al de Patrimonio y que sólo se afrontará en las comunidades que se haya bonificado como ahora será el caso de Andalucía. Además, en el IRPF aumenta el mínimo exento a declarar y crece la desgravación por rendimientos del trabajo para rentas de hasta 21.000 euros. También las deducciones de los autónomos. Y nada de deflactaciones. Pedro Sánchez pretende una enmienda a la totalidad al modelo del PP, al que se han sumado comunidades socialistas como la valenciana. La última en pujar en esta subasta también es del PSOE. Extremadura ha optado por meter la tijera en sus precios públicos. Desde comedores escolares a licencias de caza o pesca. Un ejemplo más del desconcierto que prima en la gestión política cuando se trata de conservar al electorado. Pero la exposición de la ministra Montero resulta tan demagógica como la reforma a la que quiere contraprogramar. El debate de los impuestos en España no puede resumirse en una pugna de ricos y pobres. Con unos gobiernos que supuestamente defienden a los primeros mientras los buenos protegen a los más débiles. Hacienda no debe robarle argumentos a Robin Hood. Y simplificaciones de este tipo ofenden a la inteligencia. España necesita una reforma fiscal estructural, no golpes de improvisación ni de ideología. Ni del PP ni del PSOE.