España aceptó apartar la cuestión de la soberanía de la mesa de negociación bilateral sobre el futuro de Gibraltar con el Reino Unido, tras su abandono de la Unión Europea. Así lo decidió en su momento el Gobierno de Rajoy y lo refrendó más tarde el Ejecutivo de Sánchez tras su llegada a La Moncloa. La intención era evitar que el importante escollo no truncara el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit. Pero la renuncia táctica sólo podía interpretarse como un gesto de buena voluntad para facilitar el desenlace positivo de las negociaciones. En ningún caso podía significar la renuncia a demandar en el futuro los derechos sobre una colonia en un país europeo al que se le impide su integridad territorial. Por ese mismo motivo tampoco se debe pasar por alto que el anacronismo quede de alguna manera reflejado en la resolución pactada que formalizaría la salida del Reino Unido de la UE. De ahí que al Gobierno socialista, tal como ha advertido su presidente, ahora no le quede otra alternativa que usar la opción del veto sobre la resolución final, si la redacción actual del documento negociado consagra por la vía de los hechos que el Peñón, a efectos oficiales, es tan del Reino Unido como Londres. Pedro Sánchez exige que se especifique que cualquier decisión que afecte a Gibraltar queda a expensas del consenso entre los dos estados. La Comisión Europea también anunció el cierre de la llamada Declaración Política que delimita las líneas generales de la futura relación entre la Europa de los 27 y el Reino Unido tras el proceso de divorcio. El documento soslayaba el espinoso conflicto de Gibraltar con el argumento de que puede añadirse al marco general aprobado en un anexo. Un último intento de ayer mismo fue visto por el Gobierno como una trampa en la que no podía caer. El proceso deja una evidencia insoslayable: para la Unión Europea, Gibraltar es sólo una anécdota pintoresca. Para España, se trata de una cuestión de Estado. La cumbre de la UE del domingo para ratificar el proceso de desconexión está pendiente de la posición de España, pero la unanimidad no va a ser posible. La presión de Bruselas no puede servir de elemento disuasorio ante una reclamación irrenunciable. El Gobierno ha dado ya suficientes muestras de su voluntad negociadora en los cuatro memorandos de entendimiento y el tratado fiscal formalizado con su homólogo británico para la futura relación con Gibraltar, en el periodo de transición tras su salida de la UE.