Por segunda vez en la legislatura, el Gobierno aprobó el pasado viernes un real decreto ley para modificar la normativa nacional que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa declaró contraria a la competencia. Han pasado dos meses desde que el Congreso se negó a convalidar el primer intento, que ni siquiera contó con el respaldo de Ciudadanos, principal socio del PP en términos numéricos. En este tiempo el Gobierno ha negociado contar con el apoyo del PNV y obviar la oposición del PDeCAT, tras permitir el nuevo texto del decreto que los estibadores sean quienes manipulen los vehículos que salen y entran por los puertos españoles, lo que para el de Barcelona era una cuestión importante. Otro cambio significativo es que, aunque se liberaliza el acceso a la profesión, ya no se exige una titulación de Formación Profesional, puesto no que no hay ninguna específica -sería deseable crearla- y se sustituye por el requisito de realizar 660 horas de prácticas profesionales, el 75% de ellas en puertos, mediante un programa gestionado por Sepes, sociedad del Ministerio de Empleo. Estamos ante una reforma imprescindible, no sólo porque una sentencia obliga a ella e incumplirla tendría indeseables repercusiones económicas (una multa diaria de 134.000 euros hasta que se corrija), sino porque es necesario acabar con el monopolio que impide la libre contratación de estibadores por las empresas, que ha convertido las sociedades de estiba -en sus múltiples formas jurídicas adoptadas- en el peor ejemplo de nepotismo o subasteo del puesto de trabajo que se ocupa. Los estibadores han recibido este decreto ley anunciando huelgas en mayo y junio porque la reforma delega la subrogación o no de sus empleos -y las ventajosas condiciones de éstos- en un real decreto posterior, que se prevé que se apruebe después de que el Congreso convalide la nueva ley. Lo que menos necesitan los puertos es conflictividad. Llamamos al diálogo entre las partes para evitar la paralización de los muelles españoles.