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La Fiscalía, ante la rebelión en Cataluña

Fue una rebelión política grave, y sólo el Supremo debe decidir si lo fue de pleno, si fue una intentona o una sedición

La Fiscalía General del Estado debe presentar hoy sus acusaciones a los políticos encausados por el procés y, si todo concluye como se espera, no modificará la calificación de rebelión para los líderes de lo que realmente fue, sin duda, una rebelión política muy grave, que vino precedida de un golpe parlamentario al aprobar dos leyes que acababan con la legalidad constitucional en Cataluña. Será el Tribunal Supremo el que catalogue tales hechos como una rebelión tal como se concibe en el Código Penal, como un intento de provocarla o como una sedición, pero hay algo muy claro: la aprobación de las leyes en el Parlamento autonómico, la celebración del referéndum y la posterior declaración de independencia no fue un farol, fue un intento de doblegar al Estado al alterar la Constitución mediante una presión ejercida tanto desde las instituciones catalanas como en la calle, a través de organizaciones nutridas con dinero público. El Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, debe cesar y abstenerse de seguir presionando a los jueces. Ha sido grave que Sánchez dé su opinión, y lo es porque no podemos ser tan ilusos como para suponer que el apoyo que le ha dado ERC y el PDeCat en su intento de aprobar los Presupuestos no tiene esa contraprestación. Es más, los dirigentes de ERC no se han cansado de repetirlo. No hay que aspirar a unas condenas duras, sino a un juicio justo, con todas las garantías y ausentes de cualquier tipo de presiones. Es cierto que el veredicto del Supremo determinará el futuro de una posible solución al conflicto catalán, que condenas duras pueden agravar las posturas de quienes desde el independentismo desean rechazar las vías unilaterales ante los más extremistas como Puigdemont y Torra, pero ésta será una verdad jurídica con la que hay que contar para componer el puzle. No se puede intentar amilanar a los jueces y a los fiscales para llevarles a posiciones que convienen a un partido o a un presidente. Y los magistrados deben centrarse en lo sucedido. Su condena tampoco debe paliar la escasa contundencia con la que otros poderes del Estado respondieron a una rebelión que comenzó en los primeros días de septiembre de 2017. Su sentencia no sólo será sometida a una visión internacional, sino también a otros tribunales donde, probablemente, será recurrida. Por eso, es más necesario que nunca clamar para que el juicio transcurra sin interferencias, con todas las garantías para los procesados y sin intentos de hacer política desde las togas, tanto en un sentido como en otro.

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