El ex consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, será juzgado por el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y de desobediencia grave cometida por autoridad pública por su participación en la convocatoria y desarrollo de la consulta del 9 de noviembre de 2014. El Supremo deja claro que Homs se sentará en el banquillo por este asunto aunque renuncie a su acta de diputado. El juez que ha dictado el auto considera que Homs fue una de las personas que auxilió "directamente" al que fuera presidente del Gobierno catalán en esa fecha, Artur Mas, para articular "una estrategia de desafío completo y efectivo" contra la suspensión de la consulta que había sido acordada por el Tribunal Constitucional. Esta resolución judicial es la única respuesta que un Estado de Derecho puede dar ante quienes se saltan las leyes y desobedecen a los tribunales, en este caso el de mayor rango. No cabe, por tanto, apelar a que estamos ante una decisión "política", como desde el entorno independentista catalán se trata hacer ver tras el auto del Tribunal Supremo. Con la agravante de tratarse de una autoridad pública y a sabiendas de que estaba incumpliendo una resolución del Tribunal Constitucional, el ex consejero catalán decidió dar las instrucciones precisas para poner en marcha una consulta que era contraria a la ley. Ante esta sucesión de conductas fuera de la legalidad no cabe alegar motivaciones políticas ni de ninguna otra clase. ¿Qué sucedería si todos aquellos que se saltasen las leyes y dictámenes judiciales argumentasen lo mismo que Homs? El pulso que el ahora diputado catalán y todo el bloque soberanista están echando al Estado tiene sus costes, empezando por los que marca el hecho de sobrepasar las fronteras de las leyes, que son de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos. Aunque resulte reiterativo a estas alturas, conviene hacer de nuevo un llamamiento a quienes ostentan la representación pública de gobierno en Cataluña para que abandonen las políticas de rupturismo unilateral que los sitúan fuera de la ley, sentándose a dialogar siempre dentro del escenario que delimita el Estado de Derecho. El caso de Homs no será el único si continúa ese empeño por forzar a todo un país, España, a tener que aceptar las tesis independentistas. Han de saber que sus resoluciones unilaterales, sus desacatos y sus pulsos al Estado no salen gratis. Los españoles demandamos a nuestra Justicia que así sea y que vele siempre por los intereses generales, poniendo coto a quienes se sitúen fuera de la ley.