España va a vivir 17 Navidades distintas en este negativo año de 2020, marcado por las devastadoras consecuencias sociales y económicas de la pandemia de Covid-19, medidas lamentablemente en vidas perdidas y en déficit, deuda y empleos destruidos (parámetro este que no es mucho mayor por la aplicación de los ERTE). Y ese caos normativo se producirá porque cada autonomía ha aprobado sus propias restricciones ante la inhibición del Ministerio de Sanidad, competente en salud pública en todo el Estado. La diferenciación en cuanto a los horarios comerciales, las posibilidades de movilidad o la actividad en servicios que fomentan la socialización, con la hostelería a la cabeza, va a generar un caos que el Gobierno de Pedro Sánchez permite. Aunque puede parecer inexplicable que así sea, ese caos es el fruto de una intención política marcada desde que el presidente de Gobierno declaró en julio pasado que España había derrotado al virus. Miles de muertos sumados después, la apuesta por la "cogobernanza" frente a la asunción de responsabilidades demuestra que es un desatino más en la improvisada, tardía y errática gestión de la pandemia. Precisamente, el pésimo balance de la primera ola está detrás de esta decisión de no asumir sus propias competencias y marcar criterios claros a todos los españoles. Ante la percepción generalizada de que el Gobierno lo hizo muy mal de enero a julio, Sánchez e Illa, cabezas visibles de esa gestión, optaron por trasladar la responsabilidad a las autonomías. Debían creer en el principio de que culpar a todas las administraciones les daría rédito político. Haberlo hecho no es sólo un error, sino una irresponsabilidad. Basta mirar a nuestros socios europeos de referencia para ver cómo en Francia o Alemania las restricciones tienen alcance estatal. Los españoles tendremos menos suerte y, en el caso de tener que cambiar de autonomía en las fiestas, habrá que sobrevivir al caos generado y procurar compensar la ineficacia política con disciplina y prevención contra el contagio.