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'La Manada' vuelve a agitar España

España debe dotarse, a través del Legislativo, de herramientas que pongan fin a la violencia y los abusos contra las mujeres

El caso de la Manada volvió ayer a copar la atención informativa al comunicar la Audiencia de Navarra la libertad provisional, bajo fianza de 6.000 euros, de los cinco sevillanos que fueron condenados por abusos sexuales a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016. La decisión judicial no ha sentado bien en amplios sectores sociales, políticos y feministas, que ya han iniciado una movilización que, probablemente, agitará las calles durante los próximos días.

Una vez más, desde este periódico hacemos un llamamiento al escrupuloso respeto a las decisiones judiciales, independientemente de que éstas gusten o no. Lo decidido por el tribunal, compuesto por los mismos magistrados que juzgaron a los condenados, no es la absolución de la Manada, sino su libertad provisional mientras se resuelven los recursos de las defensas ante el Tribunal Superior de Navarra. Además, a los cinco condenados se les imponen unas importantes medidas cautelares, como la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado correspondiente de Sevilla, y la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid, donde reside la víctima, al igual que toda comunicación con ella. También se les retira el pasaporte y se les prohíbe la salida del territorio nacional. Es decir, que los condenados estarán bajo una estrecha vigilancia y con su capacidad de movimiento muy restringida. Asimismo, la seguridad de la víctima está garantizada. Por eso, habría que pedir una mayor prudencia a los líderes políticos que ayer caldearon los ánimos con un tema altamente sensible. La calle no es el lugar para discutir las decisiones judiciales. En un Estado de Derecho son los jueces los que condenan o absuelven a las personas, no los colectivos, por muy respetables que éstos sean.

Lo dicho no significa que no seamos conscientes del amplio malestar que existe en la sociedad, no sólo por el caso de la Manada, sino por otros muchos que evidencian la continuada violencia -sexual y de otros tipos- que se está ejerciendo sobre la mujer. El Estado español, a través de su Poder Legislativo, debe dotarse de herramientas que pongan fin a esta lacra que hace especialmente vulnerable a la mitad de su población. Es el momento. Con un Gobierno de mayoría femenina será más fácil que nunca impulsar iniciativas en este sentido. Todos los partidos sin exclusión son conscientes del problema y no debe ser muy difícil llegar a acuerdos. Sólo es cuestión de una mínima voluntad política.

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