En las últimas horas se ha puesto de manifiesto que el conflicto que mantiene el sector del taxi de Madrid y Barcelona con las empresas VTC (vehículo de transporte con conductor), lejos de amainar, va camino de expandirse por todo el territorio nacional y convertirse en un problema de primera magnitud para todas las administraciones (central, autonómica y local), que han demostrado una llamativa y preocupante irresponsabilidad y falta de ideas al respecto, culpándose unas a otras del caos generado y esquivando de forma vergonzosa sus obligaciones en un asunto que afecta de manera muy grave la movilidad urbana e interurbana de los ciudadanos.

Antes que nada, hay que criticar la actitud violenta y chantajista del sector del taxi, que no ha tenido empacho en paralizar las dos principales ciudades de España, atacando además un evento de gran importancia estratégica para el país como es Fitur. Además, aunque no todos, grupos nutridos de taxistas han mostrado una actitud extremadamente violenta en las movilizaciones, con algunos resultados trágicos, como el del manifestante gravemente herido al arremeter de forma absurda contra un VTC que intentaba huir preso del pánico. Los líderes del sector deben frenar cuanto antes esta espiral de violencia, ya que ellos serán los únicos responsables de lo que pueda suceder.

Dicho esto, hay que hacer un llamamiento a las administraciones para que se sienten a negociar una solución que no debe beneficiar a ninguno de los dos colectivos, sino a la sociedad en general. Los VTC han llegado para quedarse y, vía competencia, han actuado beneficiosamente al mejorar un servicio del taxi que dejaba mucho que desear, tanto en precios como en atención al cliente (limpieza, amabilidad, etcétera). La intención de la Generalitat de obligar a reservar un VTC con 15 minutos de antelación, ampliables a una hora en Barcelona, sería un golpe mortal para estas empresas que no se debe tolerar, tanto por la destrucción de empleo como de la pérdida de calidad del servicio que supondría.

Ahora bien, las administraciones tienen que buscar también fórmulas para que todos los que se dedican a este tipo de transporte público lo hagan en igualdad de condiciones. Hay que revisar los costes de las licencias del taxi para que no sean un obstáculo insalvable, e igualar los costes fiscales y las exigencias regulatorias en ambos servicios. A igual servicio deben exigirse las mismas obligaciones.