El Gobierno andaluz ha aprobado el anteproyecto de la futura Ley de la Función Pública. Una norma en la que se pretende unificar todas las materias jurídicas que afectan a los funcionarios y empleados públicos de la comunidad y que sustituirá a la actual, que data de 1985. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, se ha apresurado a defender que la regulación es fruto del consenso. Es evidente que los posibles acuerdos se alcanzaron en la legislatura anterior. Durante la tramitación en el Parlamento se podrá comprobar el grado de acuerdo entre el resto de partidos políticos. Los sindicatos ya han expresado su confianza en que pueda estar en vigor en un plazo de seis meses. La futura ley cuenta, de inicio, con 177 artículos. Desde el acceso, la promoción interna y la conciliación a las peculiaridades de algunos estamentos de la función pública, como la sanidad o las universidades. Pero el gran objetivo que debe perseguir una ley de estas características es la mejora en la prestación de los servicios a los ciudadanos desde la Administración andaluza. La ineficacia resulta un lastre para el avance de cualquier sociedad. Como novedad, se ha resaltado la intención de ligar parte de los salarios al correcto ejercicio de la labor. Lo que en cualquier empresa se conoce por un complemento de productividad. Una mala praxis reiterada será penalizada, incluso con un traslado. Resulta de sentido común que la Junta se dote de herramientas para analizar el trabajo de sus empleados y actuar en consecuencia. A veces, los esfuerzos se arruinan en los despachos. Nieto ha enfatizado que el sistema de evaluación por desempeño será imparcial, transparente y objetivo. No puede ser de otra forma para disuadir tentaciones. También, en la promoción y los ascensos. Por cierto, el examen alcanzará a los puestos directivos. Buen momento para limitar la presencia de cargos políticos en las consejerías en puestos que deberían ocupar los mejores funcionarios.