Si Andalucía vive en una situación de "emergencia educativa", tal como lo califica el consejero de la Junta responsable del área, Javier Imbroda, es lógico esperar que el Gobierno autonómico reaccione en consonancia con la magnitud del problema. El primer intento se concretó el pasado verano. Educación ideó un plan contra el fracaso escolar que pasaba por el refuerzo durante dos semanas en materias como Matemáticas, Lengua o Inglés para los alumnos de Primaria que presentaban mayores dificultades para avanzar. Pero la iniciativa apenas tuvo respuesta. Menos de 2.000 alumnos de los 100.000 matriculados en esa enseñanza se inscribieron para recibir las clases extras. La principal crítica contra Imbroda, entonces, fue que la duración del programa era insuficiente, que no atacaba el problema en Secundaria, donde la tasa de desafección es más elevada, y que tampoco se habían seleccionado los colegios que registran el mayor índice de abandono. Aprendida la lección, el consejero de Educación vuelve a la carga con un nuevo intento. El segundo plan de choque se llama Impulsa, su objetivo abarca desde el tercer ciclo de Primaria a la ESO y el ámbito de actuación son los centros educativos asentados en los núcleos donde reside la población más desfavorecida de Andalucía. La propuesta persigue, además, influir en las familias que viven en los barrios marginales de la comunidad para que colaboren con el avance de sus hijos. Los últimos datos del Informe PISA volvieron a situar a los niños andaluces en el furgón de cola educativo de España. Los expertos siempre han advertido de que era muy difícil revertir esas estadísticas por el elevado número de escolares que viven en condiciones próximas a la marginalidad. Desde ese punto de partida, Imbroda acierta al planificar esta actuación, que, a falta de que se concrete en su desarrollo, debe ofrecer resultados a medio plazo. Pero con casi un 22% de tasa de abandono educativo temprano en la comunidad, sólo por delante de Baleares y Murcia, más allá de implementar posibles soluciones con carácter urgente, se necesita una actuación más ambiciosa que afronte la realidad de la educación andaluza a largo plazo. Para ello, sería necesario iniciar un diálogo con la participación de todas las formaciones políticas y los actores concernidos de cara a elaborar un plan estratégico que debería dar frutos a medio y largo plazo. La educación en Andalucía exige, por una vez, la superación de las pugnas partidistas.