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Objetivo: evitar el colapso

La situación de la Atención Primaria merece todos los esfuerzos del Gobierno andaluz, que ha aumentado el presupuesto en sanidad un 40%

La situación en la que se encuentra la Atención Primaria ha pasado a ser uno de los principales problemas de los andaluces. Las listas de espera para conseguir una cita con el médico de cabecera o con el pediatra son en muchos casos inasumibles, incluso hay casos de 15 días para lograr una, lo que conlleva el descontento de usuarios, facultativos y demás personal sanitario. En la Comunidad de Madrid las protestas de los médicos han puesto en entredicho la gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso, que se enfrenta estos días a una de las mayores crisis de su Gobierno. El problema no es nuevo. Cabe recordar que en Andalucía las manifestaciones de 2018 fueron un punto de inflexión en el Gobierno entonces presidido por Susana Díaz. La marea blanca que se inició en Granada y continuó en todo el territorio tuvo mucha influencia en el cambio de Gobierno que llevó al PP a la Presidencia de la Junta. En concreto, los recortes de los socialistas en el periodo 2010-2018 alcanzaron los 1.590 millones de euros y la sanidad pública andaluza perdió 7.773 profesionales. Esta situación se ha visto agravada con la pandemia del Covid-19, que ha llevado a la Atención Primaria casi al colapso. La jubilación de los profesionales que armaron el sistema, allá por los años 80, se une a la falta de médicos, constantemente denunciada por sindicatos y el propio personal sanitario, ya que muchos han buscado fuera de España mejores condiciones laborales. Por ello, uno de los objetivos que se ha marcado el Gobierno andaluz es estabilizar la plantilla del SAS. El Presupuesto para 2023 recoge un aumento de fondos de un 40,6%, 40.000 millones más de inversión en sanidad. Desde la Junta se defiende que la plantilla del SAS ha pasado de 30.000 profesionales a 125.000. ¿Pero son suficientes estas medidas? A tenor del descontento de usuarios y trabajadores, parece que no. Por tanto, es necesaria una mayor coordinación entre las administraciones para que el colapso de la Atención Primaria no contagie a la totalidad del sistema sanitario.

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