La ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 ha dado un paso decisivo para su aprobación en el Congreso, pero varios organismos han puesto en duda la credibilidad de éstos. El más importante de ellos, porque fue creado para ejercer el control del gasto sobre las administraciones públicas, ha sido la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), cuya presidenta, Cristina Herrero, ha declarado esta semana en la comisión que el proyecto contiene "notables carencias" que le restan calidad como una herramienta de planificación económica del país, que no es lo suficientemente claro y que no contribuirá a la rendición de cuentas. No es una simple observación, es un aviso en toda regla a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una mácula que entendemos debe ser resuelta. A la crítica de la Airef se une la del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que sostiene que los gastos extraordinarios no deberían consolidarse en los Presupuestos. El Banco de España y la Airef difieren, además, de la previsión de crecimiento económico que realiza el Gobierno para 2023, que es del 2,1%, mientras que las dos instituciones lo rebajan al 1,5% y al 1,2%, respectivamente. Esto no es lo especialmente grave, pues en un escenario de incertidumbre puede haber diferentes previsiones, lo que sí nos debe preocupar es que el proyecto de los Presupuestos Generales no termina de despejar la desconfianza que ha generado desde que se presentó. A esto se une que, por primera vez, el Gobierno ha enviado a Bruselas un Plan Presupuestario para 2023 con dos escenarios, el que se recoge en la Ley de Presupuestos y otro con un gasto más abultado. La alegría electoral en el gasto se nota demasiado en estas cuentas.