Que la ley trans que impulsa Irene Montero salió del Consejo de Ministros sin la suficiente solvencia jurídica lo deja patente el propio PSOE al descolgarse a última hora con sus enmiendas a ese texto. Una ley que permite a cualquier persona cambiar su nombre y su género en el DNI sin necesidad de presentar informes médicos, ni ningún otro requisito y sin la autoridad de los padres a partir de los 16 años, no parece lo más sensato cuando se precisa de una receta hasta para retirar un simple calmante como es el ibuprofeno de la farmacia. Para la ministra de Igualdad, a pesar de arriesgarse a perderlo todo por el camino, la libre autodeterminación de género de las personas trans es innegociable incluso en el caso de los menores. A su favor, la líder de Unidas Podemos cuenta con el apoyo de todo el bloque de investidura, pero el PSOE podría sacar adelante sus enmiendas y aprobar una norma más acorde a sus principios en caso de que los populares contemplaran su ley como la menos mala de las soluciones posibles. No es éste el único caso en el que PSOE y PP podrían entenderse, más allá del acuerdo para renovar los órganos del Poder Judicial. Los socialistas también están a merced de los populares para evitar que los socios del Gobierno, espoleados por Bildu, investiguen al ministro Marlaska para esclarecer las causas de la muerte de los inmigrantes que trataron de saltar la valla de Melilla este verano. En teoría, es improbable que PP y PSOE alcancen acuerdos. Pero más cuesta imaginar a los populares apoyando una comisión auspiciada por Bildu y secundada por UP. Seguro que les interesa tanto como al PSOE que el bipartidismo se refuerce. Y en un año clave en el terreno electoral, no conviene destacar este pacto de mínimos, que podría chafar los planes de Montero y de paso llevar al límite el acuerdo entre PSOE y UP.