El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha vuelto a sacar el fantasma del franquismo para intentar legitimar lo que no es más que un simple golpe contra el Estado de Derecho. A menos de 24 horas de que se cumpliese el plazo para que aclare de una vez por todas -al Gobierno y al conjunto de los españoles, incluidos sus propios partidarios- si ha declarado o no la independencia de Cataluña, el president se parapetó en la figura de Lluís Companys, durante el acto de conmemoración del 77 aniversario de su fusilamiento, para hacer un discurso historicista lleno de guiños justificatorios de su irresponsabilidad. En el colmo de la tergiversación y el cinismo, Puigdemont aseguró que Companys fue ejecutado "en nombre del orden y de la legalidad establecida", intentando hacer un paralelismo entre su persona y esta figura histórica, que se rebeló contra la II República en 1934 para, ya en 1940, morir a manos de los que sí consiguieron derribar este régimen democrático e instaurar una dictadura. Con esta frase, para nada inocente o casual, Puigdemont intentaba hacer una identificación entre el franquismo y el actual Estado democrático español con el objetivo de deslegitimar a este último, con lo que su rebelión, en vez de ser un golpe de Estado contra una de las democracias más avanzadas del mundo, se convertiría en una heroica defensa del pueblo catalán contra un régimen perverso que pisotea los más elementales derechos de los ciudadanos. El presidente de la Generalitat busca aprovecharse de las víctimas del franquismo para ocultar una sedición que está poniendo en peligro la unidad de España y la estabilidad de toda la Unión Europea.

La apelación al franquismo no es nueva ni exclusiva del independentismo catalán. En los últimos tiempos hemos observado cómo movimientos populistas intentan desprestigiar la Constitución, la Monarquía y la Democracia española en general como meras secuelas de un franquismo que pervive en las instituciones del Estado. Nada más lejos de la realidad. España dio un ejemplo al mundo con una de las transiciones de una dictadura a una democracia más pacífica y exitosa que se recuerdan. El presidente de la Generalitat está en su derecho de reivindicar la figura de Lluís Companys -víctima de una dictadura que fusilaba en todo el territorio nacional, no sólo en Cataluña-, pero en ningún caso está legitimado a avivar un episodio trágico de nuestra historia para adornar una aventura política, el procés, que ha llevado a Cataluña a un callejón sin salida. Más que de Companys, Puigdemont es heredero de los que derribaron la II República.