Como suele ocurrir en todos los cambios de ciclo político, el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía ha basado gran parte de su estrategia de comunicación política en criticar la "herencia recibida" de unos ejecutivos socialistas que, tras casi cuarenta años en el poder, acumulaban todo tipo de chapuzas y errores. En este sentido, ha prestado una especial atención a la Consejería de Sanidad. No en vano fue la deficiente gestión del Gobierno de Susana Díaz de este departamento una de las principales causas que la condujeron a su derrota en las últimas elecciones autonómicas. Sanidad, uno de los pilares esenciales del Estado del bienestar, es una inmensa maquinaria cuya gestión es de una gran complejidad, pero cuyos errores son inmediatamente percibidos por la ciudadanía. Así, desde que el Gobierno PP-Ciudadanos llegó al poder no ha parado de sacar papeles que mostraban una deficiente gestión de la Sanidad andaluza, desde el ocultamiento de las listas de espera hasta la supuesta manipulación de los datos de vacunación. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo andaluz ha debido tomar ya conciencia de la complejidad del sistema de sanidad público. Por un error que sólo es imputable a su gestión, se ha calculado mal el presupuesto de personal del SAS de 2019 y, a falta de tres meses de acabar el año, se ha generado un agujero de 234 millones para pagar las nóminas de los trabajadores sanitarios. El problema creado no es menor y, para enmendarlo, la Junta se ha visto obligada a reducir sus gastos en 37,5 millones, el SAS ha tenido que disminuir en 15,5 millones las inversiones en centros de salud y hospitales (recorte éste especialmente grave) y se ha visto forzada a reubicar 181,5 millones planteados para otros gastos de plantilla. El Gobierno debe tomar nota del error y evitar que se vuelva a producir. Sobre todo, debe comprender que la gestión sanitaria es una de las principales asignaturas de las que se le examinará cuando finalice la legislatura y los ciudadanos vuelvan a las urnas.