El Gobierno de Quim Torra no ha aportado nada nuevo respecto al de Carles Puigdemont. Si bien aún no ha atravesado las líneas rojas, concretas y materiales, que justifican una nueva intervención de la Generalitat de Cataluña, su Ejecutivo se ha revelado como un instrumento ineficaz, carente de objetivos de gestión e inútil para los ciudadanos. Cataluña -y hay que explicarlo así- no ha recuperado la normalidad. Ni siquiera se han dado pasos en ese sentido. Es cierto que, como ha explicado la vicepresidenta Carmen Calvo, con unas declaraciones no se hiere a un Estado, por mucho que éstas sean "inaceptables". Pero lo visto el pasado fin de semana en Barcelona y Cambrils no anuncia un otoño tranquilo, sino todo lo contrario. En la medida que Puigdemont, y su autómata Torra, vea amenazado el liderazgo sobre el independentismo, arrastrará a las formaciones catalanistas hasta puntos de ruptura con el Estado. Es verdad, no se ha producido "el hecho jurídico" que motive la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pero no se debe descartar ni demorarse en su aplicación cuando sea necesario. La anterior intervención de la Generalitat, pactada entre PP, PSOE y Ciudadanos, demostró que llegó tarde y fue demasiado rápida. El temor del Gobierno y de los otros dos partidos a encrespar a una mayoría de catalanes forzó esta intervención moderada. Sólo hay que recordar que el aparato de propaganda rupturista que es TV3 ha seguido funcionando durante esos meses con el presupuesto público. Uno de los problemas de Cataluña es, precisamente, que el Estado no ha actuado con firmeza, sin complejos, para atajar una situación excepcional. Por eso, entendemos que el 155 es un instrumento del que Pedro Sánchez no puede olvidarse. Es posible que, cuando comience el juicio contra los cabecillas del intento de secesión, Torra y Puigdemont intenten o una nueva ruptura o convoquen elecciones autonómicas en otro intento de convertirlas en plebiscitarias. Hay que comenzar a considerar si no es necesario aplicar un 155 de largo recorrido en Cataluña porque ni la comunidad ni España se pueden permitir seguir con este conflicto abierto durante años. El nuevo Gobierno ha hecho bien en explorar nuevas vías de diálogo en Cataluña, pero al cabo de los meses todo sigue igual. Sin avances. Bloqueados. También lo intentó el Gobierno de Mariano Rajoy con la llamada Operación Diálogo. Y fracasó, no por falta de pericia, sino porque nunca hubo una voluntad real de negociación por la parte independentista.