El Banco Central Europeo (BCE) difundió el pasado jueves un dictamen elaborado para evaluar el nuevo impuesto que el Gobierno de España prevé imponer a la banca. El regulador bancario de la Eurozona recomienda en dicho dictamen al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que haga un "análisis exhaustivo" sobre las consecuencias que tendría la aplicación de la figura tributaria que se ha anunciado, singularmente sobre el impacto que en la rentabilidad de la banca española tendría la medida impositiva. El BCE incide en la obligatoriedad del gravamen temporal en el caso de que la entidad afectada registre pérdidas. Y recomienda a los bancos que repercutan en los clientes todos los costes a la hora de conceder préstamos, incluyendo los de carácter fiscal. Pese a que el dictamen está firmado por la presidenta del BCE, la francesa Christine Lagarde, la reacción del Gobierno español ha sido desdeñar el aviso del regulador bancario y personalizarlo en el vicepresidente Luis de Guindos, quien fue ministro de Economía de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018. Yerra el Gobierno y lo hace por boca del propio presidente Sánchez. Primero, por banalizar la advertencia de una institución europea que cumple con su papel regulador reduciéndolo a una escaramuza de política doméstica. Y, en segundo lugar, se equivoca por ignorar la más seria de las advertencias del BCE para que repiense el impuesto a la banca. Esto es, que la economía vive un momento de extrema incertidumbre. España se encamina a una recesión técnica, como ha certificado recientemente la autoridad fiscal española (Airef), y lo último que se necesita en ese contexto económico y financiero es erosionar al sistema financiero, que, como le ha recordado el BCE, tendrá que hacer nuevas provisiones para cubrir posibles pérdidas en operaciones relacionadas con empresas de sectores con un elevado consumo energético u otras incertidumbres. En un contexto así sólo cabe fortalecer al sistema financiero, y no lo contrario.