La limitación impuesta por el Ayuntamiento de Sevilla para que los vehículos de alquiler con conductor (VTC) no puedan circular por las principales vías de acceso al centro histórico de la ciudad, como las calles Baños o Águilas, es inadmisible y va contra el interés general de los ciudadanos. La medida, que margina a empresas como Uber o Cabify, es una prueba más del sorprendente favoritismo con el que el Gobierno local distingue al taxi, que sigue sin comprender que el futuro del sector no se encuentra en seguir manteniendo prebendas y monopolios, sino en la modernización y mejora de un servicio que, a veces, deja mucho que desear. La excusa que pone el Ayuntamiento para justificar la prohibición a los VTC de circular por estas vías -las cuales son fundamentales para trabajar con cierta comodidad y eficacia en el Casco Antiguo- son risibles. La Delegación de Movilidad se escuda en la existencia de una señalización vertical en la que se indica claramente que por las mencionadas calles sólo pueden circular "taxis y residentes acreditados", como si dicho mobiliario urbano fuesen las tablas de la ley y no pudiese ser retirado o modificado en un plazo muy breve de tiempo. El Ayuntamiento debe abandonar estos argumentos y sí explicarle muy claramente a los ciudadanos -especialmente a los residentes del centro- por qué les impide que puedan beneficiarse del servicio que prestan los VTC. Con su postura, el Gobierno de Juan Espadas está obstaculizando la libre competencia y privando a los sevillanos de sus efectos más beneficiosos .

El Ayuntamiento debe dejar de poner excusas. Tanto el Ministerio de Fomento como la Junta de Andalucía dejan muy claro que los VTC son un servicio público, por lo que se deben dar explicaciones más convincentes que las prestadas hasta ahora de por qué se está marginando a estas empresas en favor del taxi. A ningún sevillano se le escapa lo complicado del acceso en automóvil al centro de la ciudad. Si el Ayuntamiento, además, se dedica a poner trabas a las empresas que podrían facilitar dicho transporte, hay que concluir que se están sacrificando los intereses generales de los ciudadanos en favor de un determinado sector, algo que no se le puede permitir a una administración pública. Por el bien y la comodidad de todos, el Gobierno local debe recapacitar y acabar de una vez con esa prohibición absurda y discriminatoria.