Primero fue la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, quien en marzo solicitó al Gobierno central más dinero de los Next Generation para infraestructuras hidráulicas y mejoras para los regadíos. En julio, en la primera reunión entre Pedro Sánchez y Juanma Moreno tras la cita electoral, el presidente andaluz le propuso que aprobara "un potente decreto de sequía" y que declarase de interés general algunas actuaciones pendientes. La propia Crespo, en una entrevista con su homólogo del Ejecutivo, Luis Planas, le solicitaba una reprogramación para acometer, entre otras, varias desaladoras. El presidente andaluz volvía a la carga hace un mes, en un Foro Joly en Madrid, para recordar que el agua para Andalucía es tan importante como el gas para Alemania. Y lamentaba la nula receptividad de Sánchez a que privados pudieran ejecutar y gestionar algunas infraestructuras para el campo. Finalmente, la cruzada ha seguido en Bruselas, donde Moreno cifró en 5.000 millones de euros la inversión hídrica que precisa la comunidad. Un mensaje en el que insistió, de nuevo en la capital de España, con ocasión de la fiesta nacional. Entremedias, críticas al Ejecutivo por sus incumplimientos en la cuenca del Guadalquivir o, más recientemente, por el dinero que se contempla en los Presupuestos de 2023. La sequía de ahora y la escasez de agua para las próximas décadas suponen un problema suficientemente grave como para fiarlo a los augurios de las cabañuelas o a que se solvente en un corrillo informal en el Palacio Real. Más allá de los reproches y las competencias de cada Administración. Los Next Generation representan una oportunidad que no puede desaprovecharse. El futuro de Andalucía pasa por aumentar sus recursos hídricos.