El Gobierno de Pedro Sánchez acordó con el de la Generalitat una denominada "desjudicialización" del conflicto que sacudió a Cataluña y, de igual modo, al resto de España en el otoño de 2017. Lo que pudiera estar encaminado a conseguir una normalización de la política catalana se está revelando como el pago de una cara factura a cambio de que ERC acepte cumplir con la Constitución y renuncie a nuevos pronunciamientos de independencia. En junio de 2021, el Gobierno aprobó los indultos que sacaron de prisión a los dirigentes del procés, condenados por el Tribunal Supremo a penas de prisión por los delitos de sedición y de malversación de fondos. Estos líderes llevaban cuatro años en prisión, y la medida de gracia del Gobierno no suponía la extinción del delito cometido, sino el alivio del cumplimiento de las penas. El Ejecutivo argumentó que el indulto era una decisión política que buscaba restaurar la convivencia en Cataluña. Lo que ahora trata de acometer en el Congreso es una suerte de delito escoba, una reforma exprés del Código Penal que va más allá de los indultos, porque suprimirá el delito de sedición, lo que afecta de lleno a la propia sentencia del Tribunal Supremo y a la protección de la integridad del país al que todo Estado tiene derecho y obligación. Un asunto tan serio se quiere solventar no como un proyecto de ley, que obliga a varias consultas y a un debate claro, sino como una proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos. Beneficiaría a los fugados de la Justicia española. A ello también se va a sumar una reforma del delito de malversación de fondos, que ERC introducirá como enmienda en la proposición de ley. Con ello se pretende hacer un traje a medida a quienes quedan por juzgar y los ex dirigentes que desean presentarse a las próximas elecciones y ahora están inhabilitados.