La primera medida de calado adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ayer celebró su primer Consejo de Ministros, es un gesto dirigido a rebajar la tensión entre el Ejecutivo central y la Generalitat. A partir de ahora, tras el levantamiento del artículo 155, el Ministerio de Hacienda dejará también de controlar de forma previa los pagos y gastos del Govern, medida que fue puesta en marcha acertadamente por el anterior Ejecutivo con el objetivo de controlar a una Administración autonómica que se había declarado prácticamente en rebeldía y que estaba gastando grandes cantidades de dinero público en fomentar deslealmente la independencia de Cataluña. Eso sí, el nuevo Gobierno seguirá aplicando una revisión mensual de los gastos de la Generalitat, pero a posteriori. Paralelamente a este anuncio de la nueva portavoz del Gobierno, Isabel Celaá -que ayer se estrenó ante los periodistas-, también ha trascendido que Pedro Sánchez ya ha hablado telefónicamente con el president Quim Torra -un independentista radical con gestos supremacistas- y han acordado "verse pronto".

En resumen, Pedro Sánchez está dando los primeros pasos para cumplir lo que prometió durante la moción de censura que le aupó al poder con los votos, entre otros, de los independentistas catalanes: dialogar para intentar desbloquear la envenenada situación catalana. En principio no hay ninguna objeción. Pedro Sánchez es un presidente legítimo y tiene el derecho y la obligación de explorar las vías que considere oportunas para solucionar el conflicto catalán. Sin embargo, este diálogo tiene unas líneas rojas que el propio Sánchez ha prometido que no traspasará: la Constitución, la legalidad, la unidad territorial y la soberanía de todos los españoles. El diálogo es necesario (siempre lo es en democracia), pero la firmeza contra los que intentaron un golpe al Estado, también.

Está claro que, pese a que intentan escenificar lo contrario, en el bloque independentista catalán hay cada vez más tensiones y diferencias una vez que ha quedado claro que el procés ha llevado a la sociedad de esta comunidad a un callejón sin salida. Es necesario convencer a los sectores más posibilistas del soberanismo para que desistan de su pulso al Estado de Derecho y vuelvan a la legalidad. Probablemente, será imposible con Quim Torra (una marioneta del huido Puigdemont), pero sí con otros políticos del entorno catalanista que ya, en privado, piden una salida para este tremendo dislate que fue el procés. Hay que intentarlo.