El Gobierno aprobó ayer un importante paquete de medidas sociales que se unen a las ya puestas en marcha en días anteriores y que tienen como objetivo principal amortiguar el duro golpe que la ya llamada crisis del coronavirus va a asestar a los más vulnerables, los autónomos y las pymes. En total son medio centenar de medidas, entre las cuales destacan la creación de una prestación para las empleadas domésticas dadas de alta en la Seguridad Social que pierden su trabajo o unas horas, la ayuda para los trabajadores temporales que no tienen el tiempo de cotización suficiente y créditos para los inquilinos que les ayuden a pagar el alquiler. También contempla una moratoria de seis meses en la cotización a la Seguridad Social para autónomos (de todas ellas se da noticia en este periódico). Según manifestó ayer el Gobierno, en su ánimo está impedir que ocurra "lo mismo que en la crisis de 2008", cuando fueron las familias más débiles las que pagaron la austeridad aplicada por el Gobierno pero decretada por las autoridades europeas.

Es normal y deseable que, ante una situación tan inédita y grave como la que nos encontramos, con la economía prácticamente paralizada y miles de ERTE puestos en marcha o en proyecto, el Gobierno impulse medidas para paliar en lo posible el daño en las economías más vulnerables, aunque sea para evitar ese "caos social" del que alertaban los mismos informes del Banco Mundial y la ONU que también avisaron de la inminencia de una pandemia como la que hoy sufre el mundo. Pero el Ejecutivo debería ser muy consciente de sus limitaciones presupuestarias, más en estos momentos en los que se da la tormenta perfecta de un gasto público disparado junto a un desplome de los ingresos fiscales. También debería ser muy consciente de que todo indica que la Unión Europea no parece muy dispuesta a aceptar la mutualización de la deuda mediante la emisión de coronabonos, y sí a reactivar los mecanismos de rescate que ya se usaron en la recesión económica, que como todo el mundo sabe tienen como contrapartida una dura contención del déficit, es decir, la austeridad. Por tanto, toda ayuda social extraordinaria por la crisis del coronavirus debe estar muy justificada y durar lo imprescindible. De lo contrario podemos entrar en un bache económico del que tardaremos demasiado en salir. Como siempre, lo mejor es centrarse en estimular la reactivación de la economía real, la de las empresas, que es la que da empleo y permite el bienestar de los ciudadanos. Ésa, y no los subsidios, es la mejor política social.