El proyecto de la Junta de Andalucía de fusionar los hospitales para racionalizar su gestión y funcionamiento está naufragando claramente. Las grandes manifestaciones en Granada, las sentencias del TSJA contrarias al mismo en Sevilla, la paralización en Huelva o la marcha convocada en Málaga para el próximo 27 de noviembre son claros ejemplos de que este plan creado por la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, en 2012 -cuando la crisis enseñaba su cara más amarga- ha fracasado sin paliativos. Sólo en Almería, cuya estructura hospitalaria es muy moderna, está funcionando sin grandes problemas y conflictos.

Uno de los principales errores de la Junta de Andalucía ha sido intentar acometer dichas fusiones de espaldas al sector sanitario, el cual se ha movilizado con una intensidad que ha hecho que el actual consejero del ramo, Aquilino Alonso, empiece a reconsiderarlas. Lo cierto es que, quizás por la presión del Gobierno central para recortar el gasto público con el fin contener el déficit y cumplir con las exigencias de la Unión Europea, dichas fusiones se han hecho por imposición y sin una hoja de ruta clara. En ese sentido, la Consejería debería recuperar cuanto antes el diálogo con el sector.

Ahora bien, en la oposición a las fusiones hospitalarias también se detectan inercias profesionales y viejos personalismos que poco tienen que ver con la mejora de las prestaciones sanitarias y la mayor eficacia de la sanidad andaluza. Desde este periódico hemos defendido la necesidad de cumplir con los objetivos de déficit impuestos por Bruselas, para lo cual es de vital importancia avanzar en la racionalización de una Administración que muchas veces está duplicada y es ineficaz. El sector hospitalario no puede quedar aparte de esta gran reforma que se debe acometer con decisión cuanto antes. Las fusiones hospitalarias son deseables, pero siempre que se hagan con criterio y contando con los profesionales de la sanidad.