La complicadísima situación que vive la multinacional sevillana Abengoa sufrió ayer un dramático giro de guión cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedieron a sus instalaciones de Palmas Altas para registrarlas por orden de la Audiencia Nacional, en una causa relacionada con delitos societarios y contra el mercado y los consumidores. La espectacularidad del operativo y la importancia de la noticia hicieron que, inmediatamente, los medios de comunicación informasen ampliamente y a tiempo real sobre lo que estaba sucediendo en la sede de Abengoa, con el consiguiente perjuicio para la ya muy deteriorada imagen de una empresa que sólo hace unos años era considerada como ejemplar (lo suficiente para que el mismo Barack Obama hablase de ella). Además, según testigos presenciales, el llamativo despliegue policial generó numerosas escenas de "sorpresa" y "nerviosismo" entre la confusa plantilla de Palmas Altas. Como no podría ser de otra manera, es obligado respetar tanto las decisiones judiciales como el trabajo de las fuerzas policiales. Si los jueces o la Guardia Civil estiman que en Palmas Altas existen pruebas de algún posible delito, su obligación era actuar para, cuanto antes, esclarecer los hechos. Pero nos queda la duda de si todo se podría haber hecho con mayor discreción, sin esa aparatosidad que muchas veces parece más pensada para captar titulares en la prensa y minutos en los informativos televisivos que para cumplir con eficacia el trabajo encomendado. No estamos ante un problema nuevo. Como ya hemos denunciado alguna vez, en no pocas ocasiones hemos asistido a exageradas operaciones policiales para registrar un local o detener a una persona que, muchas veces, hubiese acudido por su propio pie a declarar sin tanta sobreactuación. El problema es que un elevado porcentaje de estas operaciones terminan quedando en nada por la sencilla razón de que no había nada. Pero, tras la llamada pena de telediario, la mala imagen de la empresa o el individuo afectado queda gravemente dañada, sin que nadie se preocupe en restaurarla. Esto merece una reflexión de los jueces y los cuerpos policiales.